LA PAZ, 5 jun (Bernama-Telesur) -- Las autoridades de Bolivia implementan abiertamente una persecución judicial contra dirigentes sociales que se movilizaron en rechazo a las políticas neoliberales del Gobierno y exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien presentó una nueva Ley de Estados de Excepción actualmente en curso en el Congreso y que ya fue aprobada por el Senado.
La justicia dictó el jueves prisión preventiva por 180 días contra el líder vecinal Justino Apaza, imputado por terrorismo, luego de que se manifestara contra las políticas del Gobierno y exigiera la renuncia de Paz. La exsenadora aymara Simona Quispe y la dirigente cocalera Yesenia Vargas fueron aprehendidas por la policía con el uso de la fuerza, en operativos denunciados como irregulares por sus familiares.
La Fiscalía boliviana investiga a los dirigentes bajo cargos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, asociación delictiva, instigación pública a delinquir y atentados contra la seguridad del transporte y los servicios públicos nacionales. Los arrestos y expedientes de investigación buscan desarticular las movilizaciones sociales convocadas por la Central Obrera Boliviana, que cumplen 35 días y mantienen un centenar de puntos de bloqueo en seis departamentos.
Los manifestantes rechazan la persecución de la Fiscalía boliviana y mantienen la resistencia en las carreteras para exigir una salida a la crisis económica nacional.
La Cámara de Senadores de Bolivia aprobó este jueves el proyecto de Ley de Regulación de Estado de Excepción, previsto por el Ejecutivo de Rodrigo Paz ante el masivo movimiento nacional contra las políticas de su Gobierno. Previamente, Paz derogó la Ley sobre Estados de Excepción, que regía desde 2020 y establecía limitaciones para la participación de las Fuerzas Armadas ante protestas sociales en el control de los conflictos.
El pleno legislativo tomó la determinación en la 127.ª sesión ordinaria, tras el informe favorable de la Comisión de Constitución. En la sesión, los ministros de Gobierno, Marco Antonio Oviedo; de la Presidencia, José Luis Lupo, y de Defensa, Ernesto Justiniano, sustentaron la viabilidad constitucional de la iniciativa, que ahora será remitida a la Cámara de Diputados.
La propuesta de Ley de Regulación de Estado de Excepción establece que las Fuerzas Armadas podrán intervenir cuando la policía sea superada por una conmoción interna como el bloqueo de caminos. Dispone que las actuaciones de militares y policías durante el estado de excepción gozarán de presunción de legalidad y que las Fuerzas Armadas podrán participar en operaciones de seguridad interna durante los estados de excepción si la capacidad operativa policial es insuficiente.
Los militares también podrán asumir tareas de protección de infraestructura crítica, resguardo de instalaciones públicas, control perimetral de seguridad, protección de rutas estratégicas de abastecimiento y seguridad de aeropuertos, hospitales, sistemas hídricos, plantas energéticas y redes de telecomunicaciones. El proyecto autoriza el uso de la fuerza para neutralizar lo que sea percibido como riesgos graves e inminentes contra la vida, la seguridad de la población, la estabilidad institucional o infraestructuras estratégicas del Estado.
Organizaciones de derechos humanos han alertado de que la norma facilitará la represión estatal y la criminalización del derecho a la protesta de los sectores populares que rechazan las políticas oficiales y exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
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