PUERTO PRÍNCIPE, 7 may (Bernama-Telesur) -- El aumento de las protestas populares en Haití ha puesto de manifiesto el profundo descontento de la población con el Gobierno de Alix Didier Fils-Aimé, respaldado por la Administración del presidente estadounidense Donald Trump.
Las protestas que se han intensificado desde el primero de mayo, fecha en la que se conmemoró el Día Internacional del Trabajador, se caracterizaron por movilizaciones que denunciaron la falta de mantenimiento de la infraestructura nacional, exigieron mejoras en la calidad de vida, un aumento del salario mínimo de 3.000 gourdes diarios (22,92 dólares), así como la dimisión del presidente del país, entre otros reclamos.
Gran parte de las movilizaciones se producen de forma descentralizada e incluso con características espontáneas. Esto sucede a causa del elevado índice de informalidad en el país, que alcanza casi el 90 % de los trabajadores, lo que dificulta la articulación a través de representaciones de categoría como los sindicatos.
Los movilizados denunciaron además cosas sencillas que, a la vez, son muy graves, como lo que consideran incapacidad de la policía para garantizar la seguridad e intervenir en los conflictos que afectan a las carreteras de todo el país, donde se producen emboscadas y situaciones peligrosas.
Las agrupaciones delictivas han aumentado su influencia en el último año, alcanzando provincias a parte de la capital, en medio de conflictos con las fuerzas del orden, compañías privadas y grupos de "defensa propia", los cuales entre marzo de 2025 y enero del año en curso 2026, causaron 5.519 fallecidos y 2.608 heridos.
Con relación a las demandas de un aumento salarial, el martes, el Gobierno haitiano anunció que el salario pasaría de 685 a 1.000 gourdes diarios (7,63 dólares), en un intento de mitigar el impacto de la crisis. Según expresó el ministro haitiano de Economía y Finanzas, Serge Gabriel Collin, el cambio se "extenderá de manera progresiva a todos los segmentos implicados, esto con el objetivo de mantener el equilibrio y la sostenibilidad" de la población.
Otro indicador crítico de la erosión del apoyo político es una carta conjunta firmada por diversas empresas, incluida la distribuidora de Coca-Cola. En el documento, el sector privado denuncia la incapacidad de la policía para garantizar la seguridad e intervenir en los conflictos que afectan las carreteras, donde ocurren emboscadas constantes.
"Denuncian cosas muy concretas, lo que indica que están perdiendo el apoyo del Gobierno", advirtiendo que estos actores, antes aliados clave del ejecutivo, ahora exponen públicamente el colapso de la seguridad y la gestión estatal. Todo esto se desarrolla en medio de tensiones en el país debido al impacto de la subida de precio del petróleo que, sumado a la crítica situación por la violencia de las bandas armadas, ha profundizado un nivel de crisis en la sociedad haitiana.
La Asociación de Empresas Haitianas (ADIH) instó al Gobierno a restablecer de inmediato la seguridad nacional, gravemente afectada por la acción de pandillas criminales en todo el país. La entidad empresarial, en un comunicado, enfatiza la urgencia de retornar a la normalidad para evitar el fracaso del proceso de transición que busca rescatar la institucionalidad en la nación caribeña.
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